Renegociando el Atraco

Galo F. Benitez
En uno de sus acalorados monólogos el presidente Rafael Correa exhortó a los
ecuatorianos "a inflamar de patriotismo los corazones" y a "romper las fuerzas
oscurantistas" que, a su juicio, no permiten avanzar en el progreso del país. El
Mandatario invitó a los ciudadanos a decir "basta al ultraje y a la codicia de
los poderosos", que quieren "postrar" al Ecuador."[1]
Cualquier ciudadanocon sentido común aquilataría el mensaje cómo un llamado a
encender la llama del nacionalismo para recuperar las áreas estratégicas de la
economía de los atracadores de siempre, que impiden el desarrollo del país. No
obstante, las acciones concretas del regimen apuntan a seguir desmantelando la
principal industria del país.

Como aquel insensato padre que en lugar de apoyar a sus hijos elevándoles el
autoestima para que elijan crecer y ser cada día mejores, el Presidente se ha
dado a la ingrata tarea de satanizar y estigmatizar el trabajo de los técnicos
de Petroecuador, a fin de justificar despidos masivos que permitan moldear la
empresa que requiere el sector privado para su posterior privatización. La
prensa anunció en grandes titulares:

INICIAN DESPIDOS MASIVOS EN LA ESTATAL PETROECUADOR
Ayer fueron
cancelados 628 empleados de las refinerías, producción, transporte y del área
administrativa. Durante el proceso de reestructuración saldrían otros 580.Pástor
confirmó que en cuatro meses la petrolera llevará a cabo el proceso, labor que
estará a cargo de la compañía De Lloyd Oil Gas.[2]
Otro medio impreso publicó la siguiente nota:
En cinco procesos salieron más de 2.000 empleados
PETROECUADOR ES SOMETIDA A REFORMAS
PERMANENTES Petroecuador se
someterá a otra reestructuración desde octubre de este año, anunció el ministro
de Recursos Naturales, Wilson Pástor. La primera sería la fusión de
Petroamazonas con Petroproducción, y la otra de industrialización y
comercialización, que reemplazará a las actuales gerencias. Para este trabajo se
contará con el apoyo técnico de las compañías Petrobras de Brasil y Enap de
Chile.[3]
En efecto, Wilson Pastor aparece como punta de lanza de la privatización, que
arrancó con la famosa reestructuración de la estatal a cargo de la empresa
gringa Wood McKenzie y, así, dar rienda suelta al despido masivo de
trabajadores, luego de que los sindicatos fueron borrados del mapa, por obra y
gracia de la revolución ciudadana.

La pregunta: ¿Por qué Correa y Pastor buscan desmantelar la empresa más
productiva del país si los resultados demuestran que es eficiente? El Diario Hoy
en una reciente publicación dice:
PETROLERA ESTATAL DE ECUADOR ALCANZA RÉCORD DE PRODUCCIÓN DIARIA
La empresa petrolera pública de Ecuador (Petroecuador-EP) anunció
que el pasado miércoles alcanzó un récord de producción diaria, al extraer 140
872 barriles, la mayor cifra en lo que va del año y que rebasó el promedio
previsto para julio.
Así y todo, la privatización ronda en el sector petrolero. Por un lado, el
ministro Pastor no tiene empacho en revelar que la ex Petroproducción va a ser
absorbida por Petroamazonas EP (ex OXY). Lo que implica que el modelo de empresa
privada será aplicado en todo el área de exploración y producción. Por su parte,
el área de la refinación e industrialización, antes a cargo de Petroindustrial,
hoy sería delegada a la empresa privada. Un ejemplo dramático se está dando con
la Refinería Esmeraldas, la cual –según el analista Fernando Villavicencio-
sería entregada a la empresa coreana SK, la misma que tiene a su cargo los
estudios para la construcción de la Refinería del Pacífico.
Nuestros abuelos siempre nos aconsejaron que no es bueno poner todos los huevos
en la misma canasta. En efecto, qué ha cambiado en la política petrolera del
gobierno de Correa en comparación con sus predecesores. Veamos: Antes el 75% de
las exportaciones de crudo se destinaban a los EE.UU. Hoy el 72% de las
exportaciones se ha hipotecado -por la venta anticipada del hidrocarburo- a
favor de otro imperio, el de China. De los 182 mil barriles que es la cuota
exportable del país, 132.000 barriles – o sea, 11 lotes de 18- van al gigante
asiático. Hasta el momento el país ha recibido más de 3500 millones de dólares
de préstamos otorgados por Eximbank de China, recursos que entrarían para cubrir
el déficit fiscal y/o gasto corriente del gobierno.
Por cierto, lo grave del caso es que Petroecuador no asume la comercialización
directa del petróleo, sino que los traders intermediarios como Trafigura,
Glencore y Castor Oil son los que amasan fortunas al revender el producto a
nombre de terceros.
En otro ámbito, el ministro Wilson Pastor, experto en contratación y rondas
petroleras -según se desprende de su dilatada trayectoria en casi todos los
gobiernos-, es quien promueve la licitación de nuevos campos a partir del año
2011. Los medios destacaron la noticia en los siguientes términos:
ECUADOR PREVÉ LICITAR CAMPOS AL SUR ORIENTE EN ABRIL DE
2011 "Hay varias compañías privadas y
estatales que desearían desarrollar esos campos (120 millones de barriles de
reservas) pero la ley no lo permitía", dijo Wilson pastor. Pástor indicó que
también se prevé licitar zonas que actualmente están adjudicadas a empresas
petroleras y que, con la nueva ley, serían revertidas al Estado de no llegar a
un entendimiento con ellas para promover la inversión."[4]
Con total desfachatez el ministro declara ante la Prensa: …las compañías
tendrán "la opción de negociar con las autoridades la inversión de capitales
nuevos para explorar en las áreas actualmente improductivas y evitar que vuelvan
al Estado ¿A quién sirve este señor?
Mediante Oficio N° DPR-O-10-122 Correa da el ultimátum al viceministro
socialcristiano de Recursos Naturales Carlos Pareja Y. y al Presidente de
Petroecuador Manuel Zapater (ex cuota política de Gutiérrez). Les conmina a
cumplir con 'la responsabilidad histórica' que tiene la revolución ciudadana de
desarrollar los campos maduros (Shushufindi, Auca, Lago Agrio,
Cuyabeno-Sansahuari, etc.) Se lamenta que el único campo que está siendo
optimizado es Sacha. Pero a quién pretende engañar el Presidente, si lo que se
hizo con Sacha fue privatizar el campo más importante del país, permitiendo que
la riqueza nacional sea repartida entre unos cuantos inversionistas privados,
falsos socialistas del Siglo XXI. Ahora Correa presiona para que las otras joyas
de la corona sean concesionadas, bajo el pretexto de impulsar la recuperación
mejorada, mediante la reinyección de gas o agua para extraer más crudo. Dicha
tecnología no es nueva, pues ya fue propuesta hace años por los técnicos de
Petroecuador. Ahora se busca un pretexto más para adjudicar los campos a cambio
de la entrega de parte de la producción incremental a favor de la iniciativa
privada.
En otro ámbito, Correa se apresta a celebrar con bombos y platillos la
inauguración del primer campo desarrollado por su gobierno, con tecnología de
punta, un modelo de gestión social, ambiental, ecológico, único en
Latinoamérica. Una completa falacia y demagogia. Se trata del Campo Pañacocha,
proyecto que fue arrebatado a Petroproducción, cuando estaba listo para
desarrollarse, pues tan solo se necesitaba perforar los pozos y construir un
oleoducto de 30 km. para conectarlo con la estación de Edén Yuturi. Se prefirió
entregar el campo –con reservas descubiertas por 42 millones de barriles- a la
Sociedad Anónima Petroamazonas, un esquema privado de empresa pública al
servicio del gran capital. Lo cierto es que Pañacocha se privatizó, cuál vaca
lechera bien alimentada que se regala al mejor postor, para que sean otros
quienes la ordeñen y cobren millonadas por su trabajo.
Por su parte, el Presidente se llena la boca de elogios al destacar la
renegociación de los contratos con las petroleras privadas, ignorando los
antecedentes que hay detrás del turbio proceso, recordemos:
· Según el Ministerio de Recursos Naturales, las privadas cuentan con
apenas 251 millones de barriles de reservas, que se acabarían en tres años al
ritmo de producción actual. He aquí una razón poderosa para que las compañías
acepten los términos del contrato único de prestación de servicios, a cambio de
la entrega de otros campos petroleros que ya entrarán en la subasta el año que
entra.
· El régimen ignora -a propósito- la baja de producción petrolera
privada por la falta de inversión, que le está causando un perjuicio
multimillonario al Estado. No olvidemos que la Ley establece claramente como
causal de caducidad de los contratos la baja en la producción y la evasión
tributaria.
· El gobierno desconoce –según propias palabras del ministro Pastor-
que las privadas están obteniendo una rentabilidad superior al 40%, lo cual es
anormal en la industria hidrocarburífera, en donde las utilidades oscilan entre
el 15% y el 20%.[5]
· Se pasa por alto los juicios tributarios planteados por el SRI –entre
2000 y 2006- por 1184 millones de dólares, que aún no han sido ventilados y que
de renegociarse los nuevos contratos pasarían a la cuenta del olvido.
· Se deja en el tintero las glosas pendientes por evasión tributaria
que bordean los 600 millones de dólares.
· Se hacen de la vista gorda ante las utilidades de los trabajadores
petroleros privados que contabilizadas desde el 2000 suman $ 1.116 millones
repartidos entre 2000 trabajadores, a razón de 55 mil dólares por persona al
año.
· No se considera los altos costos de producción por barril extraído,
que le representa al país el mantener contratos con las petroleras, cuando los
costos de Petroecuador son los más bajos.
· Hay una omisión escandalosa en torno a las innumerables
irregularidades y violaciones a los contratos por parte de Petrobrás, Repsol,
AGIP, que fueron denunciadas en su momento por los organismos de control y que
han sido toleradas por el oficialismo, para evitar la caducidad de los
contratos, en claro perjuicio a los intereses del país.
Ahora bien, con total hermetismo, el regimen adelanta la renegociación de los
llamados grandes contratos con las compañías REPSOL YPF, PETROBRÁS, AGIP, ANDES
PETROLEUM Y PETRORIENTAL (ambas de China). Recordemos que las autoridades han
querido vender la idea de que con el contrato de prestación de servicios todo
el petróleo pasará a manos de los ecuatorianos y, que a las empresas se les
reconocerá una tarifa -precio base- que cubra los costos administrativos,
operativos, y 'una utilidad razonable', que podría incrementarse conforme
aumenten las inversiones en los campos a su cargo.

Los ecuatorianos (as) no somos ignorantes ni estúpidos, sabemos muy bien que lo
que menos harán las compañías es invertir, cuando cuentan con campos depletados
por la sobreexplotación. A ellas les interesan proyectos nuevos, campos de
Petroecuador que aún no han sido desarrollados o que están en plena producción,
a fin de aprovechar el crudo liviano y las grandes reservas petroleras
estatales.
Vale la pena reproducir la nota que publicó Ecuadorinmediato.com el pasado 15 de
julio, para posterior análisis:
EMPRESAS PETROLERAS TIENEN CONTRATOS HASTA AñO 2022
El 99% de los contratos que las compañías petroleras tienen suscritos con el
Estado finalizará en más de diez años, según datos de la Dirección Nacional de
Hidrocarburos (DNH), del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables.
El contrato con Repsol, campo Tivacuno, termina el 31 de enero de 2012. Andes
Petroleum, campo Tarapoa y Agip, que trabaja en el Bloque 10, en el año 2017.
Este contrato se extenderá hasta el 2023. En diciembre del año 2018 concluirán
los contratos con las compañías Petroriental, operadora de los bloques 14 y 17,
y con Repsol, en el Bloque 16 y el Campo Unificado Bogui Capirón. El último
contrato en finalizar será en octubre de 2022, con el consorcio Ecuador TLC,
operador del Bloque 18 y del Campo Unificado Palo Azul.
En función del tiempo de duración de los contratos es obvio que las compañías no
aceptarán otra cosa que la extensión de la vigencia de los mismos y, no
conformes con ello, exigirán que se les asigne otros bloques petroleros como
condición para invertir. Una vieja táctica que no ha cambiado hasta el día de
hoy.
No se puede soslayar un aspecto que es decisivo en el reparto de las ganancias
que genera la actividad hidrocarburífera, cuál es el precio base que las
petroleras han logrado en anteriores negociaciones. De partida, durante la
administración de Galo Chiriboga, las privadas ya consiguieron –en promedio-
casi duplicar el beneficio del precio base, de 22 a más de 44 dólares por barril
producido. Por ejemplo: La española Repsol en el Bloque 16 tiene una tarifa base
de $ 42; la brasileña Petrobras de $45,43 en el bloque 18 y el campo Palo Azul.
La china Petroriental tiene uno de $ 52 en el bloque 14 y $ 56 en el 17.
En tal sentido, las petroleras no cederán un céntimo de los precios pactados con
el gobierno. En torno al tema barajemos cifras: en el caso de Petrobrás, si el
precio base a favor de la empresa está en $ 45, quiere decir que el excedente de
producción sería 25 dólares, a un precio por barril de +/- $ 70. Según la
fórmula del reparto de los excedentes 70-30, restemos el 70% de $ 25 que le
corresponde al Estado, estamos hablando de apenas $ 17.5 de utilidad por barril
producido, mientras que Petrobrás recibe 52,5 dólares. Y qué pasaría si el costo
del barril en el mercado internacional baja a 50 dólares, la respuesta es
catastrófica, el Estado recibiría tan solo 5 dólares por barril.
El gobierno se vanagloria de haber incorporado en la malhadada reforma a la Ley
de Hidrocarburos la tarifa soberana del 25% de los ingresos petroleros; una
minucia si comparamos con otros países que se reservan no menos del 75% de las
utilidades del negocio.
Y para colmo de males, a pesar de la falta de información y el secretismo que
envuelve la renegociación petrolera, la prensa nos da cuenta de que se ha fijado
ya un factor de corrección y/o compensación (Cláusula 18) para mantener el
equilibrio de los contratos, ante eventuales cambios en los tributos, tasas,
utilidades, normas ambientales, reformas laborales, etc.[6] Un obsequio más de
la revolución ciudadana.
El plazo establecido por el regimen para la renegociación de los contratos
grandes fenece el 23 de noviembre. Pastor salta en chulla pie, pues según él las
compañías han aceptado el 99% de las cláusulas. En la bolsa de 33 contratos por
renovarse está el de la compañía Energy Development Company (EDC Machala Power),
(Campo de gas Amistad, costa afuera, en la Península) empresa sobre la cual pesa
un pedido de caducidad al Ministerio del ramo, formulado por Petroecuador en
enero de 2010, por incumplimiento de inversiones mínimas. El petitorio como ya
es costumbre, duerme el sueño de los justos.
De la misma manera, en agosto de 2010 a Petroriental se le venció su contrato
modificatorio al contrato de participación para la exploración y explotación de
crudo –o convenio provisional– del Bloque 17. La vigencia del acuerdo original
era por un año, pero el 26 de agosto del año pasado, por consentimiento de las
partes, se extendió por otro año más. [7]
Qué a nadie le quede dudas, las petroleras ponen las condiciones, hábilmente
ofrecen elevar la producción en un 25%, cuando en realidad bajaron en septiembre
a 174.000 barriles, unos 20 mil menos de lo que producían en agosto de 2010.[8]
Sobre los contratos marginales, que de marginales no tienen nada, hay que hacer
una precisión:
· La entrega de campos pequeños de Petroecuador desde 1999, llamados
marginales, fue totalmente ilegal, por haber violado la Ley de Hidrocarburos al
privatizar áreas ubicadas dentro de las instalaciones petroleras estatales; por
ceder campos con crudo de alto grado API y no crudo pesado como estipula la Ley;
por entregar -a precio de huevo- los activos, instalaciones de superficie y de
subsuelo que le costó al Estado cientos de millones de dólares. Fueron 100
millones de barriles los que se entregó a la empresa privada con un perjuicio
para el país de 2600 millones de dólares.[9] Así fueron concesionados MDC,
Huachito, Biguno, Paraíso a la chilena ENAP SIPEC; Bermejo y Charapa a la
argentina TECPEC; Pindo, Palanda y Yuca Sur a PETROSUR - PETRORIVA; Tigüino a la
norteamericana PETROBELL. Con Rafael Correa creímos que se había acabado la
larga y triste noche neoliberal, pero no fue así. El continuismo ha sido la
tónica: el campo Pucuna y Singue fue entregado al CONSORCIO PETROLERO AMAZÓNICO;
Armadillo al CONSORCIO GRAN COLOMBIA (Ecuavital); Culebra, Culebra y Anaconda, a
PETGAS; Puma al CONSORCIO PEGASO, etc.
Finalmente, el propio ministro Wilson Pastor se escandalizó frente a las
ganancias millonarias que le reporta a las privadas el manejo de campos
pequeños, pero con altísima rentabilidad. Por cierto, ex sindicalistas como
Henry Yánez o el jurista Augusto Tandazo, opinaban que a las compañías no se les
debería obligar a que paguen los excedentes petroleros -50-50, 99-1, 70-30- por
los altos precios del crudo, arguyendo que sus ganancias son modestas. ¿Será
cierto? El periódico digital Ecuadorinmediato publicó sobre el tema lo
siguiente:
25-04-10 Ecuadorinmediato
ECUADOR DENUNCIA QUE "CONTRATOS MARGINALES" GENERAN "EXORBITANTES UTILIDADES" A
PETROLERAS EXTRANJERAS
Con una inversión de 1.227.910 dólares, una compañía que opera un campo marginal
obtuvo una utilidad neta de 19.326.598 dólares, durante el año anterior. La
ganancia de la empresa representa 1574%, advirtió el ministro Pástor. Manifestó
que este grupo de empresas, nunca pagó los ingresos extraordinarios.

UTILIDADES OBTENIDAS EN LOS CAMPOS MARGINALES AÑO 2009
Empresa Inversión Utilidades Porcentaje
PETROBELL 3.165.777 5.445.056 172%
PETROSUD-PETRORIVA 1.227.910 19.326.598 1574%
TECPECUADOR 7.117.000 7.350.658 103%
Fuente: Balance General, Estado de resultados y Declaración de impuesto a la
renta realizados por las compañías.
Al respecto, cabe explicar el por qué de tan jugosas utilidades. Supongamos que
la Cía. X invirtió 1.227.910 millones de dólares en la perforación de un pozo,
el cual llega a producir 900 barriles diarios. A un costo de 50 dólares el
barril, en 43 días se recupera la inversión, quedando al año una utilidad neta
de más de 18 millones de dólares; o su equivalente, un 1574 % de ganancia.
¡Lotería, amigos y amigas!

Las ganancias se multiplican de forma exponencial si consideramos que las
petroleras no operan un pozo, sino cientos de pozos, los cuales una vez que
entran en producción no requieren otra inversión que no sea el pintar el
cabezal, limpiar la maleza que cubra la tubería, contratar a un operador que
monitoree la producción o, pagar a un guardia para que cuide que no se roben los
equipos de superficie. El resto es rentabilidad total, sin riesgo alguno.
Éste ejemplo se puede aplicar a todas las petroleras sin excepción. El caso de
Petrosud nos invita a hacer la siguiente reflexión: con esos 18 millones de
dólares cuántas escuelas del milenio se pudo haber construido, si los pozos
petroleros no hubiesen sido privatizados y, si continuaran siendo operados por
los técnicos estatales.

Los sectores patrióticos, el pueblo en suma, no puede caer en el juego del
gobierno. El objetivo de Correa es mantener el balón en su terreno; es decir,
llevarnos a discutir los términos de la renegociación en base al modelo único
del contrato de prestación de servicios, cuando al país lo que le conviene
–desde una posición soberana y digna- es revertir todos los campos a manos del
estado y; archivar en el baúl de la historia esos contratos que han marcado -con
el atraco y la infamia- la vida petrolera del Ecuador.